Costa Rica - Asesinatos de indígenas y amenazas para defensores en la Zona Sur

La muerte de Jehry Rivera, el pasado 24 de febrero de 2020, segundo dirigente indígena asesinado en la Zona Sur de Costa Rica, a un año del asesinato de Sergio Rojas, el 18 de marzo de 2019, evidencia el recrudecimiento de la crisis y la conflictividad en esta zona del país que se agudiza por la falta de atención gubernamental.

Costa Rica, el país centroamericano con mayor tradición de estabilidad, vive hoy una encrucijada que lo pone en una grave crisis de institucionalidad democrática, como resultado de la aplicación de un modelo extractivista neoliberal que compromete los logros sociales y los recursos del país ante intereses y capitales nacionales y extranjeros. Hablamos de un país que a pesar de la convulsa situación que vivió Centro América desde los años 60 y hasta finales de los 90, se mantuvo con una estabilidad política y social y los habitantes gozaban de una base mínima de calidad de vida resultado de un estado de bienestar que resaltaba en medio de países en guerra y con niveles de exclusión y pobreza alarmantes.

Los conflictos sociales por la tierra son un común denominador en Centro América, esto dado que se pone en el centro de la disputa el valor más grande de la región que es el territorio y sus recursos naturales y confronta los intereses de los Pueblos Indígenas/Originarios y familias campesinas con los intereses del capital que se manifiesta en la concentración de tierras en manos de empresas dedicadas al monocultivo de piña, palma aceitera o la ganadería acompañado de destrucción de hábitats naturales, el empleo de grandes cantidades de agroquímicos y la represa de aguas para el riego que agrava/deteriora el acceso de familias campesinas e indígenas al agua. Esto da como resultado que en la región ser defensor de los recursos de convierta en un alto riesgo.

Desde la llegada del actual presidente, Carlos Alvarado, el poder hegemónico empresarial nacional y transnacional así como los sectores ligados a los agronegocios han logrado imponer de manera contundente una agenda económica, de reforma del Estado y contra los derechos laborales de corte neoliberal, conservador y con tintes religiosos evangélicos fundamentalistas. Todo esto se da en un contexto de crisis económica general en el país.

Esta situación está marcada por hechos como la pretensión de construir en esa zona el proyecto hidroeléctrico del Diquis, que significaba el despojo de territorio a los Pueblos Indígenas, la expansión del monocultivo piñero que juntos evidencian la acumulación de tierra en pocas manos, la discriminación y exclusión a los Pueblos Originarios y el empobrecimiento sostenido de los cantones.

En Costa Rica se realizan, desde hace 10 años, procesos de recuperación de tierra-territorio en varias regiones de los Pueblos Originarios. Ante la inacción del gobierno para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales sobre los territorios indígenas que garantizan que los pueblos tengan acceso a territorio y autonomía, se ha hecho un ejercicio de recuperación de su derecho a la tierra y la autonomía, frente a lo cual finqueros o grupos pagados y apoyados por ellos han ejecutado actos de violencia contra los pueblos.

Es necesario explicar que esta situación tiene como base la actuación, por comisión u omisión, de un Estado que no ha logrado garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios. Según explican Guevara y Vargas (en el informe Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, de 2000) la promulgación de las legalmente llamadas Reservas Indígenas, suponía que el Estado reconocía esos territorios como pertenecientes a las comunidades indígenas que los habitaban y debía emprender un plan serio de recuperación de tierras con el fin de garantizarles las condiciones materiales suficientes para su propio desarrollo social, económico y cultural. En ese momento, Guevara y Vargas calculaban que en más de 40 años el Estado no había recuperado ni 10% de las tierras que se encontraban –y aún se encuentran- en manos de no indígenas dentro de las Reservas Indígenas.

El Estado tendría que haber realizado un proceso de reubicación e indemnización a los finqueros ubicados en territorios indígenas, pero esto no ha sucedido. Por ésto, los Pueblos Indígenas están recuperando las tierras que históricamente les pertenecen.

Los Pueblos Originarios de la Zona Sur han reiniciado los procesos de recuperación de tierra-territorio, hecho que ellos consideran legítimo, legal y realizado conforme al derecho. Ellos atribuyen al Estado la obligación de reintegrar esos territorios a los pueblos según se establece en las leyes, y los sucesivos gobiernos costarricenses no han cumplido con esta obligación lo que ha provocado que los pueblos ejerzan su derecho a la tierra.

El incremento en cantidad y frecuencia de los actos de violencia contra estos pueblos provocó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares a favor de dos pueblos, el Pueblo Bribi de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba, para que el Estado costarricense protegiera la vida y la integridad de las personas que habitan ambos pueblos.

El asesinato impune de Sergio Rojas, una ejecución extrajudicial de 15 disparos dentro de su casa, en 2019, fue el principio de una ola creciente de violencia en la región y que según la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö incluye seis tentativas de homicidio contra miembros de estos pueblos y que tiene otro punto de quiebre con el asesinato del defensor Jerhy Rivera, cuyo ejecutor confeso fue dejado en libertad por una resolución del Juzgado Penal del cantón de Buenos Aires, de la provincia Puntarenas.

Todos estos hechos y los procesos en marcha colocan a la Zona Sur de Costa Rica en una situación de incertidumbre jurídica y de polarización social, donde la inacción de gobierno podría generar graves consecuencias. Además de los hechos violentos, en este momento ahí se vive un clima de tensión, debido a las amenazas de muerte, difamaciones, hostigamientos e intimidaciones de los actores vinculados a los finqueros hacia los pueblos y las organizaciones que los acompañan.

Luego del asesinato de Rivera se desató en la región, por un lado, la quema sistemática de fincas recuperadas, que ponen en riesgo a las familias indígenas y, por otro, el hostigamiento y amenazas a dirigentes indígenas, así como a los defensores Gustavo Oreamuno y Jeffery López, miembros de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, organización que ha acompañado a los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas en el ejercicio de sus derechos colectivos y el fortalecimiento su autonomía. Las denuncias y mecanismos legales de protección a las personas amenazadas ya fueron puestos en marcha y diversas organizaciones nacionales e internacionales, sociales y de derechos humanos han expresado su preocupación por la vida y la integridad de estas personas y comunidades.

Aunque el Estado ha atendido esta situación y se ha mostrado preocupado en resolver esa problemática, es de esperar que actúe en consecuencia para evitar que la Zona Sur de Costa Rica se convierta en el embrión de una conflictividad social que podría tener un desenlace violento en el país y llevarlo a una polarización de compleja resolución. Estos hechos ponen una prueba más al sistema político costarricense que hoy parece más frágil y vulnerable de lo que fue en los tiempos convulsos de la región centroamericana, cuando logró sortear la situación con bastante estabilidad.